En el marco de la presentación por parte del Gobierno del presidente Gabriel Boric de la condonación de deuda estudiantil y el nuevo Fondo de Educación Superior (FES), José Joaquín Brunner, director del Doctorado en Educación Superior y académico del Magíster en Gestión de Instituciones de Educación Superior, se refirió a los elementos positivos y cuestionables de la iniciativa, destacando como un elemento a favor que “con la reorganización y condonación de deudas estudiantiles, el proyecto promete un respiro económico para los sectores con más problemas para pagar sus deudas. Convenientemente, se incluyen incentivos para el prepago y beneficios para aquellos que ya han cumplido sus compromisos, lo cual apunta a una focalización precisa en quienes más lo necesitan. Este enfoque permite evitar una sobrecarga fiscal, algo que resulta crucial en un contexto de presupuesto limitado”.

Sin embargo, el académico destacó que no todo es tan simple, pues “el cambio que introduce el FES marca una ruptura considerable con el modelo tradicional de financiamiento de la educación superior. Al pasar de un sistema de costos compartidos a uno predominantemente estatal, se corre el riesgo de erosionar la autonomía de las IES. Dependientes de los vaivenes presupuestarios del gobierno, estas instituciones podrían verse atrapadas en un ciclo de incertidumbre. Además, quedan serias dudas sobre si el Estado puede, en efecto, asumir los crecientes costos de la educación superior a largo plazo sin comprometer otros sectores clave”.

Asimismo, sobre los problemas que esto puede traer a mediano y largo plazo para las Instituciones de Educación Superior, Brunner señaló que el primero es la sostenibilidad financiera, pues si se elimina el copago, “sus ingresos se reducirán de manera significativa, lo que podría comprometer su capacidad para sostener la calidad de sus programas. La pregunta aquí no es solo cómo sobrevivirán estas instituciones, sino cómo mantendrán su nivel académico en un entorno con menos recursos”.

Junto a ello está la calidad académica, ya que “el impacto en la calidad académica es difícil de ignorar. Los aranceles regulados, junto con la eliminación del copago, podrían provocar un deterioro en los recursos disponibles para la enseñanza, la investigación y el desarrollo académico. En un sistema cada vez más exigente en términos de calidad, esta reducción presupuestaria pone en jaque la capacidad de las IES para cumplir con las normativas y expectativas del aseguramiento de la calidad”.

Finalmente otro problema podría ser la autonomía institucional: “Quizás el punto más delicado de este nuevo esquema de financiamiento sea el riesgo a la autonomía institucional. A medida que las IES dependen más del financiamiento estatal, su capacidad para tomar decisiones independientes se ve comprometida. La intervención del gobierno, a través de fluctuaciones presupuestarias o políticas, podría limitar su libertad para definir estrategias, prioridades y orientaciones académicas”, aclaró Brunner.

Finalmente, sobre los desafíos para los profesionales y directivos de las Instituciones de Educación Superior, el académico UDP indicó que los directivos de las IES tendrán que navegar en aguas inciertas. “Con una mayor dependencia del financiamiento estatal, la gestión de recursos se convertirá en una tarea más ardua y estratégica. ¿Cómo mantener la calidad académica sin los ingresos adicionales del copago? Es un reto que requerirá creatividad, eficiencia y, sobre todo, una visión clara de las prioridades”, a lo que se agregar la adaptación que se va requerir de esta nueva regulación: “La consolidación del esquema de aranceles regulados exigirá una adaptación significativa por parte de las instituciones. Ajustar sus operaciones internas será crucial para garantizar que, a pesar de la disminución de recursos, puedan seguir ofreciendo educación de calidad. En este nuevo escenario, la capacidad de las IES para reorganizarse será un factor clave en su éxito o fracaso”.