Con el proyecto “Evaluación de riesgo victimal en niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos”, la académica de la Facultad de Psicología Lorena Contreras, Directora Ejecutiva, y las docentes Macarena Orchard, de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia y Paulina Quilodrán, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, se adjudicaron -en su primera convocatoria- el Fondo Interdisciplinario Política Pública (FIPP) UDP.

Este Fondo, recientemente creado por la Prorrectoría, a través de la Dirección General de Vinculación con el Medio y su Plataforma de Políticas Públicas, surgió con la finalidad de generar y difundir propuestas de solución a desafíos de política pública de alta relevancia social, basadas en el aporte de diversas disciplinas.

Asimismo, el FIPP tributa directamente al cumplimiento de los objetivos de la “Planificación Estratégica UDP 2022 – 2026”, a la misión de la “Plataforma Políticas Públicas UDP” y al proyecto académico de la universidad y sus unidades académicas involucradas.

Para Lorena Contreras este Fondo “fortalece la vinculación con el mundo de las políticas públicas en temáticas de alta relevancia, permitiendo así incrementar la incidencia en la esfera pública, contribuyendo con el desarrollo social”. Coincide además en que “esto está alineado con el sello de la UDP y con la planificación estratégica, generando un tipo de proyecto que pretende impactar directamente a la ciudadanía. Esta es una apuesta de la Universidad, que formula a través de la Plataforma de Políticas Públicas y nos invita a profundizar estos vínculos”.

La docente también destaca que la comunidad académica UDP “hace mucho tiempo viene trabajando en diferentes temáticas que aportan al bienestar colectivo, pero este Fondo nos invita a indagar mucho más directamente en las necesidades urgentes del mundo público, y en las contribuciones que la academia puede realizar de cara al país”.

Junto con lo anterior, la investigadora resalta que al incentivar la generación de proyectos asociativos e interdisciplinarios, este Fondo también “promueve una producción más compleja e integrada, orientada no por las métricas de investigación, sino por su contribución a la satisfacción de necesidades y el goce de derechos”.

Al respecto, menciona que, si bien, “tradicionalmente hemos estado sumergidos en lógicas disciplinarias que son relevantes para poder abarcar vastos campos de conocimiento, no resultan suficientes para responder a los enormes desafíos que enfrentamos”. Dado lo anterior, asegura, “paulatinamente hemos transitado hacia una lógica de integración en la cual, sin abandonar el conocimiento disciplinar, requerimos aunar esfuerzos y generar lenguajes, miradas integradas que permitan formar a nuestros estudiantes de pre y posgrado para los desafíos actuales, y generar conocimiento nuevo que logre impactar en la política pública, colaborando con ella en los desafíos país y también en aquellos de carácter global”.

De esta manera, el objetivo general del proyecto presentado por las académicas está definido como “Generar un sistema de evaluación de riesgo de recurrencia de victimización dirigido a niños, niñas y adolescentes del circuito de protección especializada, adaptado a la realidad nacional, que sirva de insumo para los actores clave de la política pública”.

La investigadora resalta que “la violencia ejercida hacia niños, niñas y adolescentes constituye una gran preocupación a nivel mundial, debido tanto a su elevada prevalencia como a sus nocivos efectos”. Puntualiza además que “la situación aún es más crítica para los niños, niñas y adolescentes que ya han sido víctimas, y presentan por tanto un mayor riesgo de volver a serlo en el futuro”.

Ajustándose a los lineamientos del Fondo, el proyecto, asegura la académica, es un “desafío complejo”, ya que, “requiere la intervención de múltiples disciplinas (la psicológica, sociológica y la ingeniería), capaces de aunar sus miradas y articular sus esfuerzos en torno a un problema común que, en este caso, es el riesgo de recurrencia de la victimización infantil”.

“La psicología, y en particular la psicología jurídica, aporta el andamiaje teórico-conceptual, así como el conocimiento de la política pública y la investigación especializada en el tema. La sociología aporta con sus propios marcos conceptuales, así como experticia metodológica que será central en la generación y posterior evaluación de la metodología de evaluación de recurrencia victimal. Por su parte, la ingeniería será gravitante a la hora de encontrar soluciones novedosas para la generación de herramientas y variables para la utilización de la metodología diseñada, aportando también en futuras fases de este proyecto con técnicas de análisis de datos complejas, basada en la inteligencia artificial”, finaliza.